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Ayer –apenas un día antes de hacerse público el nombramiento de la nueva dirección del Museu d’Art Contemporani de Barcelona-MACBA–, la Associació Catalana de Crítica d’Art (ACCA), la Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya (PAAC), la Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (APGCC) y el comité de empresa del museo difundieron un comunicado en el que cuestionban las bases del concurso y denunciaban carencias significativas en materia de transparencia, independencia y libre concurrencia.

A primera vista, podría parecer simplemente una controversia en torno a un proceso de selección concreto. Sin embargo, el comunicado adquiere una dimensión distinta cuando se sitúa dentro de una serie de conflictos que, durante los últimos años, ha enfrentado a las principales organizaciones profesionales del sector cultural con el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) y otras administraciones públicas responsables de equipamientos culturales.

Lo relevante del caso MACBA no es únicamente el contenido de las críticas formuladas por las asociaciones. También lo es el hecho de que estas advertencias fueron realizadas mucho antes de la resolución del concurso. Tras analizar las bases y contrastarlas con el Código de Buenas Prácticas para Concursos de Dirección, el pasado 9 de marzo  las entidades solicitaron una reunión con la gerencia del museo para trasladar las deficiencias detectadas y reclamar modificaciones. Según explican en su comunicado, aquella petición no obtuvo la respuesta esperada y ninguna de las cuestiones planteadas fue corregida.

La denuncia se centraba en varios aspectos. Por un lado, la ausencia de especialistas internacionales en una institución cuya actividad y proyección exceden ampliamente el ámbito local. Por otro, la falta de independencia efectiva de los miembros externos del jurado, todos ellos vinculados al Consejo General del propio museo. A ello se añadía una objeción especialmente significativa: el jurado actuaba como órgano asesor sin capacidad decisoria efectiva, una circunstancia que, según las entidades firmantes, vacía de contenido uno de los principios fundamentales de los concursos públicos de dirección. También se cuestionaban la ausencia de requisitos lingüísticos acordes con la dimensión internacional del cargo y la falta de criterios de valoración cuantificables y públicos.

Más allá del caso concreto, el episodio resulta revelador porque reproduce un patrón que se ha repetido en otros procesos recientes.

En noviembre de 2024, ACCA y PAAC ya habían manifestado su oposición a las bases del concurso para la dirección del Centre d’Art Contemporani Fabra i Coats. En aquella ocasión, las asociaciones denunciaron la precariedad del modelo contractual propuesto, limitado a dos años y sin posibilidad de prórroga, así como la ausencia de garantías suficientes sobre recursos, organigrama, independencia institucional y criterios de evaluación. También criticaron la opacidad del proceso de selección, la falta de información sobre la composición del jurado y la inexistencia de baremos de valoración públicos.

Un año más tarde, en diciembre de 2025, PAAC y la Associació de Professionals de la Museologia de Catalunya cuestionaron igualmente el concurso para la dirección del Museu del Disseny. Las entidades llegaron a contabilizar quince incumplimientos respecto al Código de Buenas Prácticas, diez de ellos considerados de carácter grave. Entre las irregularidades señaladas figuraban la ausencia de miembros independientes en la comisión de valoración, la inexistencia de baremos numéricos, la indefinición de los mecanismos de asesoramiento experto y la posibilidad de seleccionar una dirección sin la presentación obligatoria de un proyecto para la institución.

La respuesta recibida entonces por parte de la gerencia del ICUB resulta especialmente reveladora. Según el comunicado de las entidades, el Ayuntamiento argumentó que la convocatoria se ajustaba estrictamente al marco normativo vigente. Para las asociaciones profesionales, sin embargo, el problema no radica en la legalidad de los procedimientos, sino en su legitimidad y en su adecuación a los estándares de calidad, transparencia y profesionalización que el propio sector ha consensuado durante años.

Esta tensión entre legalidad administrativa y buenas prácticas aparece de forma recurrente en las reivindicaciones del sector. También estuvo presente en la crisis abierta en torno a Can Felipa durante 2025. Allí la controversia no giró en torno a una dirección museística sino al programa de artes visuales de uno de los espacios históricos para el arte emergente en Barcelona. La PAAC denunció entonces la opacidad del proceso mediante el cual se cubrió la coordinación del programa, así como la progresiva degradación de las condiciones laborales asociadas a funciones de dirección artística y comisariado que, formalmente, seguían siendo descritas como tareas de dinamización cultural.

Las asociaciones señalaron además que habían advertido previamente a las instituciones implicadas —ICUB, Distrito de Sant Martí y la empresa gestora— sobre los riesgos del procedimiento. De nuevo, las observaciones del sector no se tradujeron en cambios significativos.

La misma sensación de bloqueo institucional puede encontrarse en el caso muy reciente del Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC). En este caso, la Asociación Cultural La Vegliota, junto con muchos profesionales del mundo de la cultura, denunció las irregularidades en el proceso de selección de la nueva dirección del centro –recaída en Eva López Tarrío–, no solo como un error técnico, sino como un ataque directo a la autonomía y la excelencia de las instituciones públicas. Aunque fuera del ámbito catalán, el conflicto resulta significativo porque pone de manifiesto otra dimensión del problema: la precarización estructural de los cargos de dirección.

En la misma línea, el debate que estalló en 2025 alrededor de la gestión Centre d’Art La Panera de Lleida. En aquel entonces, diversas organizaciones denunciaron la persistencia de contratos mercantiles para funciones que deberían corresponder a puestos laborales estables y reclamaron la convocatoria inmediata de un concurso público ajustado a los estándares profesionales reconocidos por el sector.

Leídos conjuntamente, estos episodios permiten identificar un fenómeno que va más allá de las particularidades de cada institución. Desde hace años, las organizaciones profesionales de las artes visuales, la crítica, la museología y la gestión cultural han desarrollado herramientas de autorregulación destinadas a mejorar la transparencia, la independencia y la calidad de los procesos de selección. Sin embargo, la aplicación efectiva de esos principios continúa siendo irregular.

La paradoja es evidente. Los códigos de buenas prácticas nacieron precisamente para superar modelos de designación discrecional y fortalecer la legitimidad de las instituciones culturales públicas. No obstante, buena parte de los conflictos recientes muestran que las asociaciones consideran que dichos códigos son invocados con frecuencia como referencia simbólica, pero raramente asumidos como un marco vinculante para la toma de decisiones.

En este contexto, el comunicado difundido en vísperas del nombramiento de la nueva dirección del MACBA adquiere un significado que trasciende la coyuntura inmediata. Más que una impugnación puntual de un concurso, constituye un nuevo capítulo en una discusión de largo recorrido sobre quién decide las políticas culturales, bajo qué criterios se seleccionan sus responsables y hasta qué punto las administraciones están dispuestas a incorporar el conocimiento acumulado por los propios profesionales del sector.

La cuestión ya no parece ser la existencia de normas o recomendaciones. Tampoco la falta de interlocutores. Lo que está en juego es la capacidad real de esas herramientas para influir en las decisiones de unas instituciones que, paradójicamente, continúan siendo interpeladas una y otra vez por las mismas demandas. Un campo de prueba indudable serán los concursos que se abrirán próximamente para la dirección del Centre d’Art La Capella y de La Virreina Centre de la Imatge.