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El Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo ha anunciado un conjunto de medidas excepcionales que introducen un cambio de escala en la reivindicación de una fiscalidad específica para el arte en España. Entre el 2 y el 7 de febrero, las galerías adheridas cerrarán sus puertas al público, interrumpiendo de forma deliberada una actividad que hasta ahora se ha definido por su accesibilidad constante y gratuita. A esta acción se suma la suspensión durante tres meses de toda colaboración no remunerada con instituciones públicas y privadas.

El comunicado sitúa estas decisiones como respuesta directa a la falta de avances en la adopción de un IVA cultural que equipare a España con el marco fiscal ya aplicado en otros países europeos. Esta demanda cuenta con antecedentes recientes en el debate sectorial, especialmente a lo largo de 2025, cuando galeristas y profesionales del arte señalaron la desventaja competitiva que supone operar bajo un tipo impositivo general frente a modelos fiscales más ajustados a la especificidad del mercado artístico.

El cierre temporal de las galerías quiere apelar a una imagen potente: la clausura simbólica del que el propio Consorcio define como el «mayor museo del país». La afirmación desplaza el foco desde la dimensión comercial hacia la función pública que desempeñan estos espacios, entendidos como infraestructuras culturales de acceso continuado. La interrupción de esa oferta pone en evidencia una paradoja estructural: la consideración social de las galerías como espacios culturales convive con un marco fiscal que las trata como agentes económicos convencionales.

La segunda medida anunciada amplía esta reflexión al ámbito de las relaciones institucionales. Al suspender tareas que habitualmente se realizan sin contraprestación económica, las galerías hacen visible un volumen de trabajo que permanece integrado de forma naturalizada en el ecosistema cultural. La mediación con coleccionistas, la gestión de préstamos, el asesoramiento técnico o la producción de materiales forman parte de una economía del cuidado cultural que sostiene exposiciones, archivos y programas públicos, aunque rara vez se reconozca como tal.

El comunicado insiste en la asimetría existente entre el sector de las artes visuales y otros ámbitos creativos que sí cuentan con tipos reducidos en la comercialización de sus producciones. Esta diferencia introduce una cuestión de equidad cultural que trasciende el plano fiscal y se proyecta sobre las condiciones de trabajo de artistas y galerías, así como sobre su capacidad para sostener trayectorias a medio y largo plazo.

La apelación final a la transposición de la Directiva (UE) 2022/542 y al mantenimiento del régimen REBU sitúa la reivindicación en un marco técnico preciso, lejos de una demanda genérica. Con estas medidas, el sector desplaza el debate desde la urgencia coyuntural hacia una reflexión estructural sobre el lugar que ocupa el arte contemporáneo en las políticas públicas y sobre los mecanismos que hacen posible su circulación social.