El arte en España genera millones en valor económico y simbólico, pero lxs artistas sobreviven con menos de 10.000 euros al año. Esta paradoja es el punto de partida del manifiesto de la Unión de Artistas de Arte Contemporáneo, un texto que denuncia la precariedad estructural de un sector clave para la sociedad. El derecho a la cultura, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución española, se sostiene sobre condiciones laborales indignas para sus protagonistas: artistas visuales que, en su mayoría, no pueden permitirse estar dados de alta como autónomos de forma permanente y se ven obligados a complementar sus ingresos con otros trabajos.
El sector cultural aporta alrededor del 2% del PIB nacional, superando a industrias como la agricultura o la pesca, y generando beneficios indirectos en turismo, tecnología o educación. Sin embargo, este impacto económico y social se construye sobre una base frágil. Más de la mitad de los artistas visuales ingresan menos de 10.000 euros brutos anuales, y el 88% no logra mantener su alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de manera continua. La intermitencia de sus ingresos, inherente a la naturaleza de su actividad, los deja sin cobertura social incluso en períodos de trabajo activo.
El manifiesto –que ya fue presentado el pasado mes de marzo en el marco de la feria ARCOmadrid, logrando más de 10.000 firmas– exige la aprobación urgente de las medidas pendientes del Estatuto del Artista, un marco normativo diseñado para adaptar la legislación laboral, fiscal y de seguridad social a las particularidades del sector. Entre las demandas concretas destacan la bonificación de cuotas de autónomos para artistas con ingresos inferiores a 15.000 euros, el acceso garantizado a prestaciones sociales, la adaptación del Impuesto de Actividades Económicas a su realidad profesional y la reducción del IVA al 4% para toda la cadena de valor artística, reconociendo así la cultura como un bien público esencial.
El texto también rechaza el artículo 13 del nuevo proyecto de Real Decreto que regula la relación laboral en las artes escénicas, audiovisuales y musicales, por permitir el uso de inteligencia artificial generativa en los contratos artísticos. Para el colectivo, esta medida supone una amenaza adicional a unos derechos laborales ya de por sí frágiles. La cultura no puede reducirse a un mero producto de consumo, ni sus creadores a simples proveedores de contenido.
El llamamiento del manifiesto va más allá de las demandas económicas. Es una invitación a la movilización colectiva, a la reflexión sobre el valor real que la sociedad otorga al arte y a quienes lo hacen posible. La cultura no es solo un derecho ciudadano, sino también un pilar económico y social que merece ser sostenido con justicia. El manifiesto cierra con un mensaje claro: hacer arte es trabajo, y como tal debe ser reconocido y remunerado.
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