La designación de Eva López Tarrío como directora del Centro Galego de Arte Contemporánea CGAC ha consolidado una de las crisis más visibles de legitimidad institucional en el ámbito cultural gallego de los últimos años. El proceso, impulsado por la Xunta de Galicia, ha desencadenado una respuesta sostenida del sector artístico y académico que trasciende el desacuerdo puntual con un nombramiento concreto y apunta a un problema más estructural: la erosión de los principios de autonomía, transparencia y competencia profesional en la gestión de los museos públicos.
La reacción no se ha limitado a declaraciones individuales. El manifiesto promovido por la Asociación Cultural Vegliota ha reunido más de un millar de firmas de profesionales del arte contemporáneo, entre ellxs responsables de museos, comisarixs, críticxs y artistas con trayectoria internacional. El texto cuestiona el diseño del proceso de selección, la restricción inicial de la convocatoria a determinados perfiles funcionariales y la falta de garantías en la evaluación comparativa de candidaturas.
A esta posición se han sumado voces directamente implicadas en el concurso. Alberto Ruiz de Samaniego, exdirector de la Fundación Luis Seoane y comisario del pabellón español en la 52. Exposición Internacional de Arte – La Biennale di Venezia, y Susana Cendán, docente universitaria y comisaria, han hecho público que participaron en el proceso y que consideran que existían perfiles con mayor solidez profesional y experiencia en gestión cultural. Más allá de la comparación entre candidaturas, sus intervenciones subrayan un punto común: la ausencia de criterios claros y verificables en la resolución del procedimiento.
El caso del CGAC ha reabierto así una cuestión que afecta a la arquitectura institucional de la cultura pública en Galicia. En los últimos años, distintos cambios normativos y administrativos han reconfigurado el marco de funcionamiento del centro, reforzando su dependencia orgánica de la Consellería de Cultura y alterando los mecanismos tradicionales de selección de su dirección. Este desplazamiento ha reducido el margen de autonomía del museo en áreas clave como la definición de su proyecto artístico o la interlocución con redes internacionales.
La controversia actual no puede leerse únicamente como una disputa sobre nombres o trayectorias individuales. Lo que se pone en cuestión es el propio procedimiento mediante el cual se legitima la autoridad cultural en una institución pública de arte contemporáneo. La falta de información detallada sobre los criterios de evaluación, la composición del órgano decisor y la ponderación de méritos ha debilitado la percepción de imparcialidad del proceso, un elemento central en la credibilidad de cualquier concurso público de estas características.
El CGAC, inaugurado en 1993 como uno de los equipamientos culturales de referencia en el noroeste peninsular, ha ocupado históricamente una posición singular dentro del sistema artístico español. Su capacidad de producción de discurso crítico y su conexión con circuitos internacionales dependían, en buena medida, de la estabilidad de sus estructuras de dirección y de la autonomía de sus decisiones curatoriales. Ese equilibrio aparece ahora tensionado.
La defensa del procedimiento realizada por la Xunta de Galicia, basada en su adecuación a los marcos administrativos vigentes, no ha logrado contener el alcance de la controversia. El problema señalado por buena parte del sector no se sitúa únicamente en la legalidad formal del proceso, sino en su legitimidad cultural. La acumulación de decisiones percibidas como restrictivas en términos de participación y evaluación ha generado una desconfianza que afecta directamente a la institución.
Lo que este caso pone de relieve es una forma de mala praxis institucional que no se expresa necesariamente en irregularidades puntuales, sino en la progresiva subordinación de criterios profesionales a lógicas administrativas cerradas. En ese desplazamiento, el riesgo no es solo el deterioro de un museo concreto, sino la redefinición del papel de las instituciones culturales públicas como espacios de autonomía crítica.
El conflicto en torno al CGAC adquiere así una dimensión que excede su propia coyuntura. Se inscribe en un debate más amplio sobre cómo se gobierna la cultura pública y qué grado de independencia se reconoce a los museos para ejercer su función en condiciones de credibilidad profesional y discursiva.
