La controversia en torno al nombramiento de Eva López Tarrío como nueva directora del Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) suma un nuevo capítulo. Después de semanas marcadas por las críticas al procedimiento de selección y por las dudas expresadas desde distintos ámbitos de la comunidad artística, las principales asociaciones profesionales de las artes visuales de Galicia y del resto del Estado han presentado un recurso administrativo contra el proceso mediante el que se cubrió la dirección del centro. La iniciativa supone un paso más en un conflicto que ha reabierto el debate sobre los modelos de gobernanza de las instituciones culturales públicas y sobre los criterios con los que deben seleccionarse las direcciones de estas instituciones.
El recurso de reposición, anunciado el 27 de julio mediante un comunicado conjunto, cuenta con el respaldo de once organizaciones representativas del sector. Entre ellas figuran A Colectiva, Contemporánea, el Instituto de Arte Contemporáneo (IAC), el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo, la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales (MAV), la Unión de Artistas de Arte Contemporáneo de España (Unión AC), Vegl¡ota, y la Asociación de Directoras y Directores de Arte Contemporáneo de España (ADACE). Aunque, por exigencias del procedimiento administrativo, la impugnación ha sido presentada formalmente por una única asociación, las entidades subrayan que la iniciativa ha sido impulsada y financiada de forma conjunta como expresión de una posición compartida del sector.
En el recurso, las asociaciones sostienen que el procedimiento presenta «graves deficiencias» en materia de transparencia, garantías procedimentales y respeto a las buenas prácticas en la gestión de las instituciones culturales públicas. Asimismo, solicitan la nulidad tanto del nombramiento de la nueva dirección como de la convocatoria mediante la que se cubrió el puesto, al considerar que el proceso vulnera principios fundamentales y concede derechos a una persona que, a su juicio, carece de los requisitos esenciales exigidos para ejercer el cargo.
Más allá del caso concreto del CGAC, las entidades sitúan el debate en el modelo de gobernanza de las instituciones culturales públicas. El comunicado defiende procedimientos de selección abiertos y objetivos, basados en los principios de capacidad y concurrencia, además de reforzar la autonomía de los centros frente a cualquier injerencia política en su gestión.
Una crisis de credibilidad
Las asociaciones consideran que la controversia generada en torno al proceso ha provocado una crisis de credibilidad en una de las principales instituciones dedicadas al arte contemporáneo en Galicia. Desde su punto de vista, la situación pone de manifiesto la necesidad de abrir una reflexión más amplia sobre la gobernanza cultural en la comunidad autónoma y sobre el papel que deben desempeñar los profesionales del sector en los órganos de decisión. Entre sus reivindicaciones figuran también el establecimiento de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y marcos de gestión que garanticen la estabilidad institucional y el interés público.
Las entidades firmantes presentan el recurso como una actuación orientada a asegurar que los procesos de selección de las instituciones culturales se desarrollen con todas las garantías jurídicas y profesionales. Al mismo tiempo, reiteran su disposición a mantener el diálogo con las administraciones para avanzar hacia modelos de gestión más transparentes, participativos e independientes.
El conflicto en torno al CGAC se ha convertido así en uno de los debates más significativos sobre política cultural en España durante los últimos meses. A la espera de la resolución del recurso, el caso continúa alimentando una discusión que trasciende el ámbito gallego y vuelve a situar sobre la mesa cuestiones como la independencia de las instituciones culturales y la aplicación efectiva de los códigos de buenas prácticas en el sector.
