La crítica institucional es un cuestionamiento crítico de las funciones, ideologías, intenciones, infraestructuras y acciones de las grandes sedes que albergan, promueven y ratifican obras de arte contemporáneo. Surgió en los años 80 en el contexto occidental debido a reflexiones críticas por parte de artistas cuya intención fue alejarse de nociones anticuadas sobre la autoría, la originalidad, la titularidad, la retórica y la propiedad en cuanto a la producción creativa y cómo los grandes museos vienen a contribuir a la cultura del jurado que decide canónicamente qué es arte válido y qué no; qué merece ser visto y qué no.
En su ensayo «De la crítica de las instituciones a la institución de la crítica» (2005), Andrea Fraser (Billings, EEUU, 1965) aborda la recepción de la crítica institucional por parte de las mismas instituciones y acaba concluyendo que ya no se trata de ataques subversivos desde dentro de los museos o ni siquiera fuera de los museos. Concluye que nosotrxs deberíamos ser las instituciones y gestar la creación de instituciones que, desde su concepción, sean críticas. Estipula que «Cada vez que hablamos de la ‘institución’ como algo ajeno a ‘nosotros,’ negamos nuestro papel en la creación y perpetuación de sus condiciones. Evitamos responsabilizarnos o actuar contra las complicidades, compromisos y censuras cotidianas -sobre todo, la autocensura- que obedecen a nuestros propios intereses en el campo y a los beneficios que obtenemos de él.»
Desde exibart.es, queremos explorar de manera crítica el comportamiento de varias instituciones españolas y cómo sus alianzas políticas han llevado a la terminación o modificación considerable de varios contratos de posiciones de dirección. En los últimos tres años, el sector ha sido testigo a una cantidad remarcable de cesiones inesperadas, modificaciones de cargos esenciales sin aviso y otros ejemplos de mala praxis. En este artículo, recopilamos una selección de estos casos que son claramente indicativos de un patrón de malas prácticas.
Tan solo el 9 de enero de este año, la Generalitat Valenciana anunció cambios en su Área de Cultura. Tras el cese de los tres directores adjuntos del Institut Valencià de Cultura (IVC), desveló una transición significativa en la dirección del Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC). El equipo dirigido por Vicente Barrera (Vox) tomó la decisión de no renovar el contrato de Carles Ángel Saurí, quien en 2021 fue designado para liderar el museo mediante un proceso de licitación público. Entre las razones aducidas, una cuestión económica y de gestión de recursos que, evidentemente, carece de credibilidad, sobretodo dada la alta calidad del mandato en curso de Saurí. En su remplazo, el departamento de Cultura seleccionó internamente a Lorenza Barboni, quien hasta ahora se encargaba de las áreas de Gestión y Comunicación del EACC, habiendo dirigido el museo entre 2008 y 2018.
El 21 de noviembre del año pasado, el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) anunció el cese de José Luis Pérez Pont como gerente tras la llegada del nuevo conseller de Cultura, Vicente Barrera de Vox. Esta decisión abrupta junto con el nombramiento del nuevo conseller generaron especulaciones en cuanto al razonamiento detrás de la decisión de cesar el contrato de Pérez Pont, quien ejerció siete años como gerente, originalmente nombrado mediante concurso público.
Las alegaciones hacia Pérez Pont constaron que había cometido irregularidades administrativas mientras el ex-gerente aseguró que «las cuentas del Consorci de Museus han sido aprobadas por unanimidad cada año por el Consejo General, que es el órgano político de la institución en la que están representados los ayuntamientos de Alicante, València, y Castelló, las tres diputaciones y la Generalitat, además del Consell Valencià de Cultura. Cada año han sido aprobadas todas por unanimidad teniendo en cuenta que en las dos legislaturas anteriores ha habido momentos en los que en la mesa del Consejo General había representantes políticos de PP, Ciudadanos, PSOE, Compromís y Podemos,» como dejó claro en una entrevista con eldiario.es.
Otra noticia similar que también se produjo en 2023 —que también sirve de ejemplo de interferencia política que ha llevado a la reestructuración inesperada de varias posiciones de dirección— fue la de Marta Marín-Dòmine como director del Born Centre Cultural, quien ganó un concurso público al igual que Pérez Pont. Jaume Collboni del PSC junto al PP y Vox mostraron su concordancia con la decisión tras críticas de los partidos independentistas y comunes como Junts, Barcelona en Comú y ERC que acusaron a la decisión de ser un intento de reducir la cantidad de reflexiones sobre la memoria histórica de Catalunya.
El nombramiento de José Luis Ramos Romo como nuevo director de Matadero Madrid en septiembre 2023 no se hizo mediante concurso público, con lo que se puede intuir que el nuevo director no tuvo que presentar un plan estratégico ni plan para resumir sus intenciones para el centro de arte. Ramos Romo es periodista y gestor cultural (había sido redactor de El Mundo entre los años 2009 y 2019) que cuenta con ninguna experiencia institucional y en el sector del arte contemporáneo, hechos que llevaron a especulaciones críticas ya que en convocatorias anteriores lanzadas por el Ayuntamiento de Madrid, se necesitaban al menos ocho años de experiencia en roles parecidos para ser considerado como candidato apto. Este suceso coincidió con la recién llegada de la nueva legislatura del PP y con Marta Rivera de la Cruz como delegada de Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, nombrada en junio de 2023.
En 2021, Tanya Barson y Pablo Martínez, la conservadora jefe y el jefe de programas públicos del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), respectivamente, fueron cesados sin preaviso. Según varias publicaciones en las redes sociales por parte de los afectados, estas modificaciones se debían a una voluntad de reestructurar el organigrama con tal de reducir control artístico de la dirección curatorial y otorgar más poder al gerente, Josep Maria Carreté, y a la directora en aquel momento por venir, Elvira Dyangani Ose. Salió en un artículo publicado en La Vanguardia que la institución afirmó que la decisión «obedece a un mandato de los órganos de gobierno de la institución de revisar el organigrama para adaptar la organización en el escenario post-Covid e iniciar así una nueva etapa de nueva dirección, nuevos contenidos y, sobre todo, un museo más cercano a la ciudadanía.»
En 2020, Fabra i Coats: Fàbrica de Creació i Centre d’Art Contemporani de Barcelona y el Ajuntament de Barcelona (órgano responsable de Fabra i Coats) decidió separar la fábrica de residencias y el centro de arte y por lo tanto dividir los cargos de dirección. Joana Hurtado, comisaria ganadora de la convocatoria publica, había asumido el cargo en 2019 cuando había estipulado tanto en las bases de la convocatoria como en su contrato que ella llevaría a cabo la dirección de ambas funciones. Como consecuencia, su plan para la Fàbrica de Creació y su programa de residencias se quedó anulado. Asimismo, esta modificación al contrato incluyó otra novedad: que su contrato tendría una vigencia de dos años, prorrogable por un año más, en lugar de cinco años de vigencia como había figurado en el contrato original.
Tal y como pretende afirmar la crítica institucional, nosotrxs como artistas, periodistas, críticxs, comisarixs, coleccionistas y público somos lxs integrantes y constituyentes fundamentales del ecosistema del sector institucional. Nosotrxs debemos ser las instituciones que nacen críticas desde el primer momento. Estos ejemplos indican actitudes y decisiones hechas con intenciones que solo sirven a pocos miembros de las propias instituciones o responden a intereses económico-políticos sin privilegiar —como se debe en todo momento— las necesidades sociales y artísticas del público. Esta repetición de acciones fácilmente derivará a una normalización apática de estas instancias. Como público, no podemos perpetuar estas condiciones, como suplica Fraser, y ceder demasiada fe en la toma de decisiones realizada por las instituciones. Debemos luchar para un sector cultural libre de contaminaciones e interferencias políticas, censuras, sobornos y elecciones a dedo.
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